Ley Escoba. Sobre Reforma y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual, expediente Nº 16.955

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES

Plenario Legislativo, 16 de Octubre de 2008

Sesión Extraordinaria N.º 015

Sobre Reforma y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual, expediente Nº 16.955

Gracias, señor Presidente; muy buenos días estimadas compañeras, estimados compañeros, buenos días público en general que le da seguimiento a las sesiones de este Plenario.

En esta oportunidad deseo referirme a la reforma y adición de varias normas que regulan las materias relacionadas con propiedad intelectual, el expediente 16.955, más conocido popularmente como el proyecto escoba.

¿De qué estamos hablando cuando mencionamos propiedad intelectual?, resumidamente y sin talvez todos los rigores técnicos que requiera esta definición, la vamos a definir como la posibilidad de reconocer que el conocimiento generado por una persona o empresa la tiene como su dueño.

Eso, hasta cierto punto, es bueno para incentivar la creación, la invención y la investigación; sin embargo, la propiedad intelectual, cuando se lleva a extremos, nos encontramos, entonces, ante la privatización del conocimiento.

Sobre el conocimiento podemos decir que tiene una propiedad muy interesante, muy particular, cuando se comparte, se multiplica; cuando se restringe, cuando su dueño se lo apropia, disminuye su propagación. En ese sentido, siempre recuerdo las sabias palabras de un profesor mío, en la universidad, que decía que el conocimiento debería ser patrimonio de la humanidad, fundamentalmente en casos que son de vital importancia, incluso para la continuidad de la vida, como es lo que tiene que ver con la investigación científica al servicio de la salud.

En el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en las leyes de implementación, se le da una prioridad a la privatización del conocimiento, fundamentalmente para satisfacer intereses comerciales de grandes corporaciones internacionales, que se han venido apoderando del conocimiento, a fin de disponer de él como un instrumento efectivo para el lucro.

En el proyecto que discutimos hoy, se llega al extremo de que el "G-38" quiere permitir que las corporaciones más ricas del mundo se puedan apropiar del conocimiento ancestral de las comunidades indígenas, que tienen una forma bien distinta e interesante de entender el conocimiento.

Mucho tenemos que aprender, como sociedad, de los pueblos autóctonos de Costa Rica. Mucho tenemos que aprender sobre compartir el conocimiento, sobre cómo pasarlo de generación a generación, sobre cómo utilizar ese conocimiento para beneficio de la comunidad y no únicamente para el beneficio de unos pocos que puedan pagar.

También, tenemos que aprender de los indígenas, cómo relacionarnos mejor con la madre Tierra, y, sobre todo, que la naturaleza... con todo lo que la naturaleza nos da, y cómo esta bondad de la naturaleza debe ser utilizada con sabiduría y mesura, para que en este mundo, que es finito, quepamos tanto los seres humanos como otros seres vivos que lo habitan, y que podamos heredar esta Tierra a las futuras generaciones.

El proyecto que hoy discutimos también quiere ir más allá de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio en materia de las llamadas obtenciones vegetales. Este proyecto debería llamarse proyecto para promover la biopiratería en Costa Rica.

Sobre este tema, el Partido Liberación Nacional y sus aliados no han sido claros ante los costarricenses; se nos dijo reiteradamente, cuando advertimos sobre las implicaciones de aprobar UPOV, que no nos preocupáramos, que el conocimiento ancestral-indígena y la protección de nuestra biodiversidad, estaba salvaguardada con la Ley de biodiversidad. Hoy, mediante el artículo 3 de esta Ley, quieren eliminar el artículo donde se decía que los planes sobre promoción de nuevas variedades vegetales deben hacerse en armonía con las normas de acceso y protección a la biodiversidad, y el conocimiento tradicional.

¿Por qué eliminan esto? Reitero, han faltado a la verdad quienes decían que UPOV no afectaba en nada la biodiversidad y las normas de acceso.

Costarricenses que nos escuchan, lo que este proyecto de ley modifica o elimina son las pocas reformas que pudieron incorporarse durante la tramitación de la agenda de implementación, para contener los nocivos efectos de los derechos de propiedad intelectual en el sector agrícola, en la salud y en nuestra cultura; las eliminaron sin que les temblara la mano, sin pensar que están dejando a este país con las manos atadas para poder implementar una licencia obligatoria, por ejemplo, ante un medicamento, en caso de una epidemia.

Usted, que nos escucha por radio, imagínese lo perverso que sería el sistema que se quiere consolidar con este proyecto de ley, para que sea posible que su vida, la mía y la de todos los costarricenses valga menos que las ganancias de empresas multimillonarias.

Como un paréntesis, me contaba un amigo que recientemente estuvo en Colombia, que en Colombia toda esta tendencia neoliberal a ultranza, los llevó incluso a privatizar los hospitales, y hoy la gente está muriendo en las puertas de los hospitales, porque únicamente tienen acceso aquellos quienes pueden pagar; los que están supuestamente cubiertos con el escaso sistema de seguridad social normalmente tienen que acudir a un tribunal, similar a la Sala Cuarta aquí, para que después de mucho tiempo supuestamente exija al Estado darles el medicamento que requieren. Cuando muchas veces este fallo llega, ya muchos de ellos, probablemente, han muerto.

COMEX, el Gobierno de los Arias y su bancada en este Parlamento, han insistido, una y otra vez, en ir más allá de los compromisos adquiridos en el Tratado. Así lo hicieron en telecomunicaciones, así lo hicieron en seguros. Ahora, también en propiedad intelectual, enarbolan las posiciones más extremistas posibles e incumplen su palabra, cuando el Partido Acción Ciudadana negoció que se incorporaran los artículos que hoy quieren volver a modificar.

Los intereses económicos detrás de este proyecto son en extremo poderosos. Las farmacéuticas en el mundo son las empresas que más utilidades generan, fuera del negocio de las drogas, de las armas y del tráfico de personas, son estas las empresas que más se enriquecen en el mundo, gracias a que la salud siempre será prioridad para cualquier persona. Así, se permiten utilidades sumamente elevadas, y con esos millones de millones de dólares se han convertido en grupos de presión legales, entre los más poderosos en el mundo entero, que tienen posibilidad de influir en las cúpulas políticas para que legislen a su favor.

Esas empresas tienen sus abogados, tienen sus representantes en Costa Rica. Es así como el señor Luis Pal, esposo de la entonces Jefa de Fracción de Liberación Nacional, fue nombrado por la actual precandidata de Liberación Nacional y ex vicepresidenta de la República bajo la Administración Arias, Laura Chinchilla, como miembro de la Junta Directiva del Registro Nacional, ente que tiene a su cargo la inscripción de patentes; siendo también representante, a su vez, de las más poderosas casas farmacéuticas del mundo.

El señor Luis Pal es claramente actor central de una red de influencias indebidas de parte de las farmacéuticas y sus intereses en la política costarricense. Esto, con la venia de las más altas autoridades del país.

Hoy, debemos reiterar que el Presidente de la República debería destituirlo, no porque esté en una condición de ilegalidad, debo advertir, porque justamente ese es el problema que tiene el tráfico de influencias, normalmente se da dentro del marco de la legalidad, pero cualquier persona, con un poco de sentido común, comprenderá que este señor se encuentra en una posición de privilegio, que puede utilizar información privilegiada y que tiene poder de influencia en esta Asamblea Legislativa, para poder sacar provecho así en su negocio.

De no hacerlo así, esta será una contradicción más entre el discurso y la acción de este Gobierno. Y así quedará demostrado que ha abierto las puertas al tráfico de influencias en esta y en otras instancias gubernamentales.

El Gobierno y los intereses oscuros que financian la campaña corrupta hoy contra el Partido Acción Ciudadana, son los verdaderos responsables de que el TLC no se haya consolidado en Costa Rica.

Cada vez son más los empresarios que comprenden que este Gobierno les ha estado mintiendo, y así se lo reclaman reiteradamente al ministro Ruiz, así lo tiene claro, en estos momentos, la mayoría de los costarricenses, que ya están cansados del cuento del coco que se los comerá, de que el plazo termina hoy, no, que no era hoy, que era mañana; de un plazo que no existe, que ha sido una ficción, porque, jurídicamente, quedó demostrado que tal plazo no existía.

Cada día los costarricenses le creen menos a las campañas del miedo; cada día le hacen menos caso a las campañas, que al mejor estilo de Kevin Casas y del diputado Fernando Sánchez, hoy se instrumentan para querer favorecer intereses muy particulares.

Hoy, el memorando del miedo sigue en ejecución; pero cada día la verdad se asoma con más fuerza en Costa Rica. COMEX, a lo largo de la discusión de la agenda de implementación, viene poniendo y quitando a discreción lo que dice, son requisitos de certificación. Así fue como de un día para otro la ley para regular el contrato de seguros y el Convenio de cooperación ambiental dejaron de ser parte de la agenda de implementación, sin que eso nunca fuera justificado, ni jurídica ni políticamente; esto, a pesar de que el pueblo o el referéndum aprobó un texto, donde ambos proyectos de ley formaban parte indiscutible de la agenda de implementación.

Este Gobierno, que dice respetar el referéndum y la institucionalidad, ha venido modificando una y otra vez lo que se aprobó en el referendo, dejando así prácticamente en el vacío y en una inseguridad jurídica total qué fue lo que el pueblo costarricense votó el 7 de octubre.

Otro día, ya vencido el primer plazo para tener aprobada la agenda de implementación, presentaron este proyecto que hoy discutimos, y vuelvo aquí a plantear una pregunta que no tiene respuesta, ¿qué hubiese pasado si la agenda de implementación hubiese estado lista antes del 29 de febrero? y así hubiese estado depositado, este proyecto no existía, y supuestamente en ese momento se estaba cumpliendo con todos los requisitos de rigor para la entrada en vigencia del Tratado.

Dice el señor Ministro que esto se debe a exigencias del Gobierno de los Estados Unidos, pero no ha podido demostrar mediante documentos, pese a reiteradas solicitudes tanto de nuestra Fracción, como del Movimiento Libertario, que sea Estados Unidos quien haya exigido estos requisitos. No dudo en pensar que así como la incorporación de la apertura de seguros en la negociación del Tratado de Libre Comercio no fue una exigencia de los Estados Unidos, sino de grupos costarricenses interesados en este lucrativo negocio, de igual forma la apertura de telecomunicaciones; las reformas promovidas por COMEX a última hora, son también en respuesta a intereses de grupos de presión.

No dudo que don Luis Pal también está interesado en estos cambios; es claro que algunos compañeros diputados liberacionistas no entienden la terquedad de otra parte de su Fracción en mantener estos artículos, y comparten con nosotros que este procedimiento que han seguido resulta totalmente violatorio del reglamento legislativo y de nuestra Constitución Política. Sin embargo, siguen en bloque defendiendo lo indefendible.

Costarricenses, de ahora en adelante lo que pase con el Tratado de Libre Comercio será responsabilidad de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, únicos que han sido aliados en seguir esta ruta, de por demás equivocada.

Las ambiciones desmedidas los han hecho cometer miles de errores y negarse a aceptarlos. Este Gobierno y la fracción oficialista, junto con sus aliados, son los únicos responsables de que este TLC no entre en vigencia, si es que así lo decide el Gobierno de los Estados Unidos.

Si la Sala Constitucional analiza este proyecto a la luz de nuestra Constitución Política y no se deja influenciar por poderosos intereses, el resultado de la consulta que vamos a realizar es previsible.

Junto con toda la Fracción, estamos atentos a la forma de nombrar los magistrados suplentes en la Sala Constitucional. Los costarricenses ya están cansados de magistrados como Sosto; quienes pusieron a Sosto, querrán ahora a otro magistrado o magistrada que sea fácilmente influenciable por el poder: estamos atentos a la forma en que harán el nombramiento para esta resolución en el Poder Judicial y no dudaremos en denunciar anomalías en este campo.

Si la Sala Constitucional se deja doblar el brazo una vez más, los magistrados que de ello participen deben saber que, además de poner en entredicho su prestigio profesional y la envestidura de este alto Tribunal, estarán poniendo en entredicho algo mucho más valioso y sagrado, cual es la institucionalidad de nuestro país.

Así, estimadas compañeras y estimados compañeros, dejo planteada mi posición con respecto a este proyecto de la agenda de implementación, lucha que nosotros seguiremos, a pesar de las campañas en nuestra contra, que no nos van a intimidar, porque cuando uno escoge la ruta de la institucionalidad y hace lo correcto por convicción y no por intereses, no se deja amedrentar con estas campañas. Vamos a seguir adelante cumpliendo con nuestro deber de exigir el respeto a la institucionalidad costarricense y a nuestro marco jurídico vigente.

Gracias, señor Presidente.